La desaparición de personas en México: modalidades, magnitudes e impactos

Reflexiones sobre cómo una vieja práctica criminal y violatoria de derechos humanos se posiciona en un nuevo desafío gubernamental y social

Resumen

La desaparición de personas ha sido utilizada en Latinoamérica, desde la década de los 60, como una medida de control ideológico político —sobre todo en las dictaduras militares del Cono Sur o en la guerra sucia en México—. En la actualidad, las motivaciones y modalidades se han ampliado, ya que se le suman fines criminales. En México se puede observar que los victimarios y sus víctimas también se han transformado, pues ahora no sólo el Estado emplea esta estrategia en contra de sus opositores, sino también el crimen organizado en la comunidad en general.

De igual forma, la desaparición en México es una de las formas de violencia extrema, y ha incrementado en los últimos años. Si bien los datos oficiales señalan que hasta diciembre del 2019 existían 61 637 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas, se reconoce que esta grave violación a los derechos humanos impacta seriamente a las familias, comunidades e, incluso, a las instituciones.

La prevención y tratamiento de esta práctica criminal y violatoria de derechos humanos presenta grandes ausencias y debilidades. Pese a los avances, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, los esfuerzos aún son insuficientes y los recursos limitados. En este contexto, destaca la función que han ejercido las organizaciones de familiares de desaparecidos, al demandar justicia e impulsar estrategias en su interpelación a los gobiernos.